Nos solidarizamos con José Schulman

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UN EX COMISARIO DE SANTA FE PUBLICÓ AGRAVIOS Y AMENAZAS CONTRA EL
SECRETARIO NACIONAL DE LA LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS HUMANOS

En las últimas semanas, Orlando Agustín Gauna –que además de defensor de acciones genocidas fue integrante de la Policía Provincial de Santa Fe, a cargo de la Seccional 2 durante la dictadura–, publicó agravios y amenazas en las redes sociales contra el secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Ernesto Schulman. Este policía retirado publicó agravios como: “Siempre fue un mentiroso”, “Este dirigente del Partido Comunista se paseaba en la década del 70 con una 38 en la cintura que seguramente no usaba para festejar los goles de Colón. Cabe preguntarse ¿asesinó a personas? Puede ser. Es muy probable. Tiene un aspecto demasiado sanguinario”, o “Ahora con total hipocresía, se dedica a hacer falsas imputaciones contra uniformados, por supuestos delitos hoy llamados de lesahumanidad”. Más abajo, Marcelo Michelli Ramos, de Paraná, Entre Ríos, comentó: “Un paseíto en avión por el Río de la Plata y listo”. Ricardo Salomé de la ciudad de Santa Fe afirmó: “A todos estos soretes asesinos hay que escracharlos…”. Y, por último, Horacio Ramella dijo: “…colgarlo en la vía pública”. Gauna respondió, poco después: “Como me gustaría”.

José Ernesto Schulman nació en Santa Fe, y entre 1975 y 1977 sufrió un atentado terrorista (el 5/1/75), un primer secuestro seguido de detención a disposición del Poder Ejecutivo Nacional entre octubre de 1976 y abril de 1977 y un segundo secuestro con torturas y simulacros de fusilamiento en la seccional Cuarta de Policía en noviembre de 1977. Todos estos hechos fueron denunciados en su momento (hay una causa judicial de 1977), ante el Consejo de la Magistratura que destituyó al entonces Juez Federal de Santa Fe, Víctor Hermes Brusa, en 1999, ante la Audiencia Nacional Número Cinco de Madrid a cargo del doctor Baltazar Garzón que investigó el delito de genocidio en la Argentina en el mismo año, 1999, ante el Juzgado de Instrucción N° 1 de Santa Fe, a cargo del doctor Rodríguez en 2002 y subsiguientes, todo ratificado ante el Tribunal Oral Federal Número Uno que consideró probados los delitos de Privación ilegal de la libertad , tormentos y torturas.

Se trata, además, de un viejo activista de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la primera entidad defensora de los derechos humanos en Argentina (fue fundada en 1937), de la que hoy es su Secretario. Además, es miembro del Partido Comunista y pertenece a una familia de larga tradición en el movimiento Icufista en la ciudad de Santa Fe, donde tanto sus padres como hermanos y él mismo fueron entusiastas participantes y directivos de las iniciativas de la Asociación Cultural Israelita Argentina “I. L. Peretz”. En estos días, José ha sido amenazado –una vez más- por personajes siniestros, nostálgicos del terrorismo de estado y del genocidio perpetrado en nuestro país por la dictadura cívico – militar.

En la actualidad también existen dos causas en estado de instrucción en las cuales se considera como víctima a Schulman, y hay una causa más elevada a Juicio Oral. Liga Argentina por los Derechos del Hombre envió hoy un comunicado en el que manifestó: “Jamás ha mentido y mucho menos ha asesinado a nadie, sus armas de lucha han sido la palabra y el compromiso con la organización popular desde aquellos años hasta ahora. No permitiremos agravios ni amenazas contra ningún compañero de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre ni contra nadie. Mucho menos contra quienes con su testimonio han permitido derrotar la impunidad dura de los asesinos, violadores, ladrones de niñas y niños, desaparecedores y torturadores de miles de compañeros y prestaron su brutalidad asesina para instalar un modelo de país que ahora pretende volver”.

“La acción de Gauna, Ramos , Ramella y Salomé debe inscribirse en una larga lista de amenazas y agravios contra los testigos, abogados y aún jueces que intervinieron en los juicios por los crímenes del Terrorismo de Estado en la ciudad de Santa Fe. En un simple recuento recordamos que en marzo de 2005 dejaron un féretro en la puerta del Juzgado Federal con una carta amenazante, de nuevo en setiembre del 2006 el Juez Rodríguez recibió una carta con amenazas por impulsar el juicio contra Brusa y otros, años después comenzarían las pintadas contra las Madres de Plaza de Mayo que desembocaron en la formación de la Agrupación Familiares de Víctimas del Terrorismo Afevita, que reproduce las amenazas contra Schulman desde su cuenta en Twitter. Es hora de terminar con tanta impunidad y castigar como corresponde a los que pretenden instalar el miedo entre los luchadores por los derechos humanos y los testigos de los crímenes de Estado que fueron y seguirán siendo juzgados con todas las garantías para los imputados”.

La Ley 23.077, sancionada el 9 de agosto de 1984 y promulgada el 22 de Agosto de 1984 por el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación estableció en su Artículo Seis: “Serán reprimidos con prisión de cinco a quince años los que se alzaren en armas para cambiar la Constitución, deponer alguno de los poderes públicos del Gobierno nacional, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporariamente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales o su formación o renovación en los términos y formas legales. Si el hecho descrito en el párrafo anterior fuese perpetrado con el fin de cambiar de modo permanente el sistema democrático de Gobierno, suprimir la organización federal, eliminar la división de poderes, abrogar los derechos fundamentales de la persona humana o suprimir o menoscabar, aunque sea temporariamente, la independencia económica de la Nación, la pena será de ocho a veinticinco años de prisión. Cuando el hecho fuere perpetrado por personas que tuvieren estado, empleo o asimilación militar, el mínimo de las penas se incrementará en un tercio”. En el Artículo 7, en el Codigo Penal, también el siguiente: “El que amenazare pública e idóneamente con la comisión de alguna de las conductas previstas en el Artículo 226, será reprimido con prisión de uno a cuatro años”.

La Federación de Entidades Culturales Judías de la Argentina – Idisher Cultur Farband (ICUF Argentina) convoca a toda la ciudadanía a manifestarse al respecto, y expresa:

Su solidaridad con José y con la LADH ante este tipo de intimidaciones.

Su repudio a quienes perpetran estas acciones.

El reclamo a las autoridades – políticas, legislativas, judiciales– para que actúen en consonancia, dado que se realiza una apología de métodos reñidos con la vigencia del Estado de derecho y las garantías constitucionales; y garanticen la integridad física y la vida de José Schulman y de todas aquellas otras personas que se encuentre en situación similar.

Marcelo Horestein – Presidente
Isaac Rapaport – Secretario General

Nuestra solidaridad con el compañero José Schulman

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La Asociación Cultural Israelita de Córdoba ACIC se solidariza con el compañero José Schulman, militante de instituciones hermanas como el I.L.Peretz de Santa Fe, y otras con las que nos emparenta la defensa de los Derechos Humanos, como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, quién fuera amenazado en las redes sociales por esbirros de la última dictadura y apologistas de los delitos y crímenes cometidos durante ese período terrible de nuestra historia.
La política desarrollada por el gobierno nacional en los últimos tiempos, tal cómo lo venimos advirtiendo públicamente, envalentona a los viles y a los delincuentes que nunca entendieron el significado de la democracia y la libertad, y se aprovechan de las mismas para emprenderla contra las víctimas  de sus actos y la sociedad toda.
Es en ese mismo contexto que secuestran a Santiago Maldonado, cuya inmediata aparición con vida reclamamos. Es en ese mismo contexto que los sectores más retrogrados de nuestra sociedad pretenden oprimir la voluntad popular con el miedo.
Repudiamos las amenazas y convocamos al gobierno a garantizar la vida y seguridad de nuestro compañero y todos los perseguidos por defender sus ideas y la justicia.

La desaparición de Santiago Maldonado

La desaparición de Santiago Maldonado, desde el 1 de agosto pasado, tras ser detenido por la Gendarmería Nacional, tal como se registra claramente en distintos documentos fotográficos, no hace más que traer a escena resabios y recuerdos de una época que debería servir de enseñanza sobre las consecuencias de una política que desatiende el cuidado de los Derechos Humanos, y en la que los intereses de unos pocos se ponen por encima de los de las mayorías. Los organismos de Derechos Humanos y distintos sectores de la ciudadanía convocan a una ronda ampliada para este viernes 11/8 a las 18 horas en la plaza San Martín, a la cual nosotros como Asociación Cultural Israelita de Córdoba, no solo adherimos, sino que invitamos a participar, porque estos hechos de persecución se oponen completamente a lo que nuestra mejor tradición y experiencia nos han enseñado.
Exigimos de la Estado Nacional, acciones inmediatas para garantizar la seguridad de Santiago y su aparición con vida.
Convocamos a la protesta, para que esta situación se resuelva inmediatamente y nunca más se vuelva a levantar ningún puño de hierro contra los que reclaman y defienden sus derechos.

Comisión de acción política de ACIC

SOBRE EL ATENTADO A LA AMIA

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INFORME:
El atentado contra la sede de la AMIA, el 18 de julio de 1994, sigue siendo el acto terrorista más grande de la  historia de nuestro país, y a 23 años del mismo, sigue sin esclarecer.

Existen diversas investigaciones oficiales, que no avanzan, y lo único evidente es la falta de voluntad por establecer cuáles fueron los motivos, quien llevó adelante el atentado, cuál fue el movimiento o país extranjero que vehiculizó (o en nombre del que se llevó adelante) el atentado, cuál fue la red de complicidades y encubrimientos que permitió que se llevara a cabo el mismo.

Solo se sabe que fue un atentado contra todos los argentinos, enfocado especialmente en la colectividad judía, y que hubo 85 muertos, más de 200 heridos y un país que cambió su ubicación en el concierto de las naciones, porque, a partir del atentado contra la Embajada de Israel, pero, especialmente este contra la sede de la AMIA, el país ingresó al mapa de los posibles objetivos en los conflictos bélicos donde las potencias y los traficantes de armas y miedo agitan y dirimen sus diferencias.

La investigación sobre el atentado está prácticamente estancada, pese a que en las últimas semanas apareció un nuevo rastro de ADN que se presume podría ser el del ejecutor suicida del atentado.

Esta simple frase describe buena parte de lo que sucede.
En el ámbito de la Justicia existen  dos investigaciones paralelas, una sobre el atentado en sí mismo, que, lleva adelante la UFI AMIA (Unidad Fiscal de Investigación sobre el atentado contra la AMIA) creada tempranamente durante el gobierno de Néstor Kirchner (aunque bastante tarde para el hecho del cual ya había pasado prácticamente una década) y otra respecto del encubrimiento que lleva adelante una Cámara de la Justicia Federal, y que hace más de un año se encuentra en etapa de juicio oral, sin que se haya avanzado mucho. Más adelante entraremos en detalle sobre estas investigaciones.
Además, en el marco del poder ejecutivo se creó (con el gobierno de Cambiemos) otra unidad de investigación de cuyos avances no hay demasiadas noticias (para ser más exactos, no hay casi noticias de su existencia).
Pueden aparecer, a 23 años nuevas pruebas materiales? O son pistas falsas que se plantan ahora en la causa, o son pistas antiguas que se ocultaron a la justicia. Los servicios de inteligencia deberían rendir cuentas por esto.

El atentado ocurrió por la explosión de una bomba. Eso está claro, pero aún se transita entre tres posibilidades, respecto de donde o cómo llegó dicha bomba a la AMIA, la más apoyada en el primer juicio, un auto bomba (la famosa Traffic), un contenedor de residuos de una obra de refacción que se estaba llevando a cabo en la AMIA, o que los explosivos ya estaban dentro de la sede de la mutual, ingresados, probablemente entre los materiales de esa misma obra.

En el primer juicio se dio rienda suelta a la versión del auto bomba, comprado de manos de un reductor de vehículos robados (Telleldin) a quien, a su vez, se compro una confesión a cambio de una suma cercana al medio millón de dólares, para que reconozca su participación en el contexto de un complot orquestado desde la embajada de Irán en el país. En esta causa, descolló el trabajo del ex juez Federal Juan José Galeano, los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, todos ellos destituidos por su actuación en este caso, y acusados en el juicio de encubrimiento (la otra causa que lleva a delante la Justicia) junto al ex presidente Carlos Menem, el ex presidente de la DAIA Rubén Beraja, y el ex comisario de la policía federal el”Fino” Palacios.

El camino de aquella investigación, hizo foco todo él tiempo en la pista iraní, siguiendo los carriles que planteó la Embajada de Israel, y que suscribió la DAIA. Pero había demasiados elementos como para pensar que también Siria podía estar implicada en el atentado, y que este había sido parte de una represalia por el incumpliendo de compromisos por parte del entonces gobierno argentino, para con los dos países de Medio Oriente.

El periodista Horacio Lutzky, en su libro “Brindando sobre los escombros”  (citado por Raúl Kollman en una nota de Pagina 12) sostiene:

“- Notablemente, mientras ya se conocen, hasta con día y hora, buena parte de los actos que borraron las pruebas que apuntaban a la posible intervención de agentes de ascendencia siria en las tareas de preparación de los atentados y en la trama de contrabando de armas del menemismo, sólo sigue siendo políticamente correcto acusar a uno de los socios, la República Islámica de Irán.

– Siria se estaba quedando sin la posibilidad de contar con la tecnología nuclear prometida y cobrada por adelantado por Menem en forma de aportes para su campaña. Irán sufrió la súbita cancelación de un contrato de provisión nuclear. Todo sucedió en el marco de un alineamiento argentino con Occidente, acorde con las presiones norteamericanas e israelíes.

– En realidad, nadie en su sano juicio acusa a la dirigencia judía por el atentado, sino por aceptar el desvío de las investigaciones, orquestado para dejar fuera de la pesquisa a sospechosos del entorno sirio de Menem, así como la connivencia previa con la red iraní de tráfico de armas y explosivos. No son responsables del atentado. Sí son cómplices de la impunidad subsiguiente.”

La duda aquí se cierne sobre cuáles serían las obligaciones que llevarían al presidente de la DAIA a censurar la difusión de información, cerrar filas sobre una investigación que en realidad dejaba fuera de la acusación a buena parte de los actores reales que produjeron el atentado, y cerrar los ojos ante la masacre que tuvo lugar delante de su propio rostro.

No podemos cerrar esta reflexión sin dedicarle un párrafo al Memorándum que firmara el Gobierno de CFK con Irán, y al difunto fiscal Nisman.

El memorándum, fue un intento de destrabar la investigación que requería el testimonio de personas que jamás se someterían a un interrogatorio ante la justicia argentina en nuestro país. Llevar esa posibilidad de interrogar a otra sede, con el acuerdo del gobierno iraní, tal vez, hubiera sumado información que ayude a juzgar lo que pasó. Dicho documento fue aprobado por el Congreso de la Nación, que regula por disposiciones constitucionales las Relaciones Exteriores de nuestro país, por lo que su firma por parte del Ejecutivo, estuvo respaldada por el Legislativo. En Irán no fue aprobado, lo que transformó a dicho memorándum, en un instrumento abstracto.

En cuanto a Alberto Natalio Nisman, su desempeño por años al frente de la UFI AMIA no aportó al esclarecimiento del atentado. La infinidad de fojas que sumó al expediente carecen de medidas específicas que aporten al desarrollo concreto de la causa, y buena parte de sus acciones son cuestionables desde la perspectiva de la dependencia para con los mismos servicios de inteligencia que participaron en el encubrimiento de la trama del atentado, y para con la embajada de Estados Unidos, dependencia impropia de la justicia independiente de un país soberano.

Reclamamos Memoria, reclamamos Verdad, reclamamos Justicia. Reclamamos el esclarecimiento del atentado.
Exigimos el cese de la impunidad que es ni más ni menos que la misma que envalentona a los sectores más reaccionarios de la sociedad a defender ideologías atroces y llevar adelante acciones de discriminacion, intolerancia y odio que atentan contra la posibilidad de vivir en sociedad con todo lo que esto implica.

Para más datos.

El gobierno de Carlos Menem se caracterizó por muchas cosas. Entre ellas, la entrega de la independencia en decisiones de política internacional, sometidas en aquel entonces a las relaciones carnales con Estados Unidos.
No hace falta aclarar que tanto para Estados Unidos, como para Israel, resultaba “conveniente” atribuir el atentado a los iraníes.
Otra de las características de aquel gobierno fue la intensa relación con el tráfico de armas que pasó, desde la presencia de Gaih Pharaon con inversiones en nuestro país, hasta la designación de Monzer Al Kassar en la aduana.
Pharaon era un magnate de las finanzas internacionales que desembarcó en nuestro país con la construcción de un hotel de la cadena Hyatt en Buenos Aires, pero cuyas principales actividades estaban vinculadas al lavado de dinero proveniente de la venta ilegal de armas.
Al Kassar, traficante de armas que cumple condena en otro país, era de origen Sirio, y se transformó en ciudadano argentino en un trámite express de un día, lo que le permitió acomodarse con funciones en la Aduana, al amparo de su familiar, el por entonces presidente de la Nación, de origen Sirio-Riojano. Al Kassar se casó con la cuñada presidencial Amira Yoma (hermana de la primera dama) incorporándose al entorno familiar presidencial en donde se lavaban los negocios más impresentables del presidente de la Nación.
Cuando Menem llego a la presidencia, en las instalaciones secretas de Falda del Carmen se desarrollaba el misil Cóndor II que era un vector de alcance intermedio, y representaba una tecnología avanzada en el campo militar para la época.
Según testigos de aquel entonces, esas instalaciones secretas fueron visitadas por Al Kassar, acompañado de otro personaje oscuro de la época, Alfredo Yabran.
Entre las acusaciones que se efectúan contra el entonces presidente, se le endilga haber ofrecido a la venta al gobierno de Irán esa tecnología a cambio de recursos económicos para su campaña presidencial., venta esta que se habría concretado, al menos en lo que a entrega de dinero se refiere. Más tarde, la política de “relaciones carnales” hizo que se entregará todo el desarrollo a Estados Unidos (incluyendo partes ya fabricadas, y planos) para su destrucción. Los compradores iraníes no quedaron muy satisfechos con la falta de cumplimiento por parte del presidente argentino, y allí radica, aparentemente, uno de los disparadores del atentado.
Como se dice más arriba en este informe, también se habría comprometido la venta de tecnología nuclear a Siria, operación, que como la de Irán, en caso de verificarse, probablemente se confirme que fue cobrada pero nunca entregada.
La trama tiene muchos perfiles más, como la venta de armas a las milicias musulmanas croatas, financiadas, entre otros por el gobierno iraní, en una maniobra, en la que aparentemente se intentó lavar de culpas el tema Cóndor II.
Mientras tanto, la conducción del Banco Central de la Republica Argentina, desarrollaba medidas tendientes a la concentración del mercado financiero en nuestro país, y las principales víctimas de ese proceso fueron los bancos cooperativos, que era el formato con el que operaba el Banco Mayo del por entonces, presidente de la DAIA, Rubén Beraja.
Salvar lo que quedaba de su fortuna, llevo a Beraja a hacer diversos negocios espurios, como la compra-venta de varias empresas, negocios estos que vaciaron lo que quedaba del banco (perjudicando a sus socios e inversores) y en los que se vio implicado, entre otros, el Sr. Elías Kanoore Edul, otro paisano del pueblo de los Yoma, la familia de la primera dama, al que el presidente riojano protegió, cuando la justicia fue a investigarlo y allanarlo.
Forman parte estos favores, de la factura que pagó Beraja con su silencio cómplice, o solo callo por seguir a ciegas las decisiones del gobierno israelí respecto de implicar exclusivamente a los iraníes en el atentado?

Nuestra expectativa esta puesta en que el juicio por el encubrimiento, arroje luz sobre estos hechos que forman parte del conjunto de cuestiones que le costaron la vida a 85 compatriotas.